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El CORE sostuvo una reunión plenaria de carácter extraordinario para tratar una solicitud del Ejecutivo de $ 300 millones para financiar la distribución de las 60 mil cajas de alimentos provenientes del gobierno central.

Cabe señalar que el pasado 22 de Mayo esta entidad aprobó $ 3 mil millones para la compra de 85 mil canastas familiares y $ 1.000 millones adicionales para su entrega a los hogares beneficiarios, utilizando furgones escolares. Las 60 mil cajas provenientes del gobierno central llegaron con posterioridad, pero sin los recursos para su distribución.

“En el plenario, los consejeros regionales decidimos postergar la votación de estos $ 300 millones, a la espera de una reunión con el intendente, con el fin de aclarar lo sucedido con una serie de proyectos que se han aprobado con en los últimos meses por más de $ 14 mil millones, primero en el marco del estallido social y ahora por la pandemia y crisis sanitaria”, explicó Murillo.

A ello, agregó que “hemos tenido respuestas difusas respecto de dónde se encuentran los recursos y cómo está el avance de estas iniciativas, debido a la lentitud del aparato público y la demora que existe para materializar efectivamente a la compra de los insumos y elementos que las instituciones y personas necesitan hoy”.

La autoridad mencionó los $ 200 millones para materiales de protección para adultos mayores de los centros del SENAMA (aprobada el 02 de Abril), los $ 297 millones para el SENAME con los mismos fines (13 de Abril), y los $ 2.600 millones para la compra de insumos y equipamiento tanto para los servicios de Salud como para la Salud Primaria (19 de Marzo y 02 de Abril, respectivamente), “y aún no sabemos cuándo se van a liberar estos fondos que son para la adquisición urgente de elementos que se necesitan ahora”, señaló Manuel Murillo.

El presidente del cuerpo colegiado continuó, indicando que “lo mismo sucede con otros proyectos, como la compra de camiones aljibes. $ 3 mil millones que se aprobaron en Enero y ahora en Junio se están repartiendo estos vehículos que son de primera necesidad para las familias más vulnerables que no cuentan con agua potable, y aún nos resta una buena cantidad por entregar”.

Por último, se suman dos programas que fueron aprobados en el tiempo del estallido social, y que hoy igual resultan pertinente su ejecución, debido a la crisis económica derivada de la pandemia: uno por $ 700 millones para apoyar el golpeado sector gastronómico; y $ 3.200 millones para la contratación de 1.200 personas, a través de un ingreso mínimo mensual por un año, para asumir en parte la creciente cesantía.

“Vemos que no somos escuchados en el Gobierno Central y cada vez nos están sacando más fondos del gobierno regional. Con los que nos está quedando, no vamos a ser capaces de hacer frente a los efectos de la pandemia, si no tenemos una inyección de recursos frescos desde el nivel central”, concluyó.