El pleno del Consejo Regional (CORE) de Valparaíso acordó solicitar al Ejecutivo extender el plazo para que las organizaciones beneficiadas por el último llamado a concurso del 6% de Cultura, Deporte y Seguridad Ciudadana puedan actualizar sus antecedentes y de esa forma recibir finalmente los recursos para realizar sus proyectos, cuya ejecución se encuentra pospuesta desde el año pasado, dada la situación de pandemia del COVID-19.

Según explicó el presidente de la Comisión de Educación, Arte, Cultura, Deporte y Recreación, Rolando Stevenson Velasco, en el marco del último llamado de dicho fondo concursable en el año 2019, 353 entidades sociales, vecinales y deportivas sin fines de lucro se adjudicaron una iniciativa, pero el traspaso de los recursos y el período de ejecución se postergó en varias ocasiones, dada la emergencia sanitaria y estado de catástrofe.

No obstante, a finales del año pasado se determinó liberar los fondos, previo proceso de actualización on line de los antecedentes de cada uno de los proyectos y organizaciones beneficiadas, requisito que hasta el momento han cumplido 226 entidades, quedando fuera 127 organizaciones que por distintas razones no pudieron acceder a la plataforma computacional y aportar la documentación requerida, ya que el plazo expiró el pasado domingo 21 de Febrero.

                “Como presidente de la comisión, he manifestado la necesidad imperiosa de extender el plazo en al menos 2 semanas, petición que ha sido respaldada por la unanimidad de los consejeros regionales, y además solicitar al Ejecutivo que las 127 organizaciones que están fuera de plazo sean contactadas para saber cuáles son las dificultades que han tenido para entregar sus antecedentes”, señaló Stevenson.

                En tanto, el presidente del CORE, Manuel Murillo Calderón, indicó que “estamos pidiendo una prórroga de dos semanas para que esas 127 organizaciones que están quedando fuera tengan una nueva oportunidad, por lo que esperamos que el Ejecutivo tenga la voluntad política de poder abrirse y allanarse de acceder a la petición, para que las entidades puedan ejecutar los proyectos por los que han esperado casi dos años”.