Más del 80% de las audiencias judiciales han sido suspendidas

este año por la pandemia

Como consecuencia de la emergencia sanitaria que afecta al país, más del 80% de las audiencias judiciales han sido suspendidas este año, y es por ello que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, presentó una iniciativa legal que incluye modificaciones en el ámbito de la justicia penal, laboral, familiar y civil.

“Hemos presentado un Proyecto de Ley, que, en el ámbito penal, civil, laboral y de familia, propone medidas transitorias, como por ejemplo la ampliación de plazos, o definitiva, que incorporen las buenas experiencias de este tiempo, como el acceso vía remota de muchos procedimientos judiciales para poder enfrentar este retorno a la normalidad con posibilidades de éxito”, señaló el Ministro de Justicia y DD.HH., Hernán Larraín.

El Proyecto de Ley ingresado al Congreso cuenta con tres grandes lineamientos. Primero, busca dar mayor eficiencia del sistema de justicia, anticipando la sobrecarga de trabajo como consecuencia de la disminución de ingresos y suspensión de audiencias durante el periodo de excepción constitucional.

En segundo lugar, promueve las audiencias remotas, limitando la presencia física de las personas en los tribunales de justicia por motivos sanitarios y, finalmente, incorpora en forma permanente a los mecanismos remotos y a las instituciones con las que el trabajo ha sido positivo durante el funcionamiento de los tribunales en el periodo de excepción constitucional, o que se valoran como altamente recomendables en observación a los resultados.

El Ministro Larraín, agregó que “la crisis sanitaria no sólo ha golpeado a la economía y al empleo, ha golpeado también duramente la actividad judicial, que si retorna mañana en forma normal va a colapsar completamente. Por eso, había consideración que las audiencias en materias laborales han disminuido un 70%, las de familia, en un 80%; las del área penal, en promedio en un 66%”.

Durante el mes de junio, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, anunció un Plan de Acción para enfrentar el restablecimiento de la actividad judicial, luego de terminado el Estado de Catástrofe. Para estos efectos convocó a mesas de trabajo en todos los ámbitos del sistema judicial. Estas propuestas fueron complementadas con aportes de académicos, así como de organizaciones de la sociedad civil y asociaciones gremiales de abogados, funcionarios y mediadores ligados al sector justicia.

En relación a este trabajo previo y el restablecimiento de la actividad, el Secretario de Estado afirmó que “su retorno no puede ser sino gradual, para evitar un atochamiento, que va a impedir el acceso a la justicia. Queremos asegurar la eficiencia de la acción judicial, y queremos además durante el tiempo que dure la transición hasta la plena normalidad sanitaria, que no haya contactos directos para evitar contagios. Todos estos procesos, se hacen posibles gracias a esta iniciativa que es producto de un trabajo de muchos, con amplia participación, para permitir que la actividad judicial vuelva en forma normal en el futuro próximo”.

Es seremi de Justicia y Derechos Humanos de Valparaíso, José Tomás Bartolucci, por su parte, destacó la importancia de este proyecto e indicó que “en la región de Valparaíso, igual que en el resto del país, resulta necesario anticiparse a realizar los ajustes legales que permitan retomar la actividad judicial en sus diversas materias, cuyos flujos y procedimientos se han visto afectados o transformados durante esta pandemia. Destaco el proyecto presentado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por su carácter propositivo y no reactivo, esperando que esta cualidad inspire a los legisladores para su pronta aprobación.”

El diagnóstico del Ministerio de Justicia y DD.HH.

En base a la información recabada, pudo apreciarse que en materia penal -si bien los ingresos a los juzgados de garantía se mantuvieron prácticamente invariables desde el inicio de la crisis sanitaria- al revisar las audiencias realizadas ante estos, así como ante los Tribunales de Juicio Oral en lo Penal, se evidencia una drástica reducción de un 68% y de un 65% respectivamente, en relación con el promedio histórico.

El motivo para la no-realización de las audiencias correspondió en más de un 80% de los casos, a razones vinculadas con la emergencia sanitaria, es decir, a los efectos de las medidas que tomadas para evitar la propagación del COVID-19, tanto a nivel nacional como al interior del Poder Judicial.

Por otra parte, en la judicatura de familia, se evidencia una considerable baja de ingresos desde el inicio de la pandemia disminuyendo en hasta un 52% en comparación al promedio de años anteriores. En materia laboral y civil, las cifras de ingresos se han mantenido relativamente estables, sin embargo, tanto en esas materias como también en familia se ha evidenciado una baja considerable en la realización de audiencias. En efecto, en materia laboral las audiencias han disminuido en un 70% y un 80% en materia de familia, en comparación con el promedio del año 2018. La paralización de procesos también se puede observar en materia civil en la cantidad de causas terminadas por sentencia definitiva, que se han reducido al 45% de lo que ocurría normalmente en un mes promedio del 2019.